La normativa

Obligación de designación: ¿por qué la normativa ha cambiado?

La instauración de la nueva multa de no designación pretende responsabilizar a los empresarios y los conductores de vehículos pertenecientes a personas jurídicas.

Desde la instauración del sistema de control automatizado, a comienzos de la década del 2000, era frecuente que los conductores que habían cometido una infracción al volante de un vehículo perteneciente a una persona jurídica escaparan a la retirada de puntos. Sucedía incluso que la persona jurídica pagara la multa en lugar del infractor. Este proceso desresponsabiliza no sólo al autor de la infracción, sino también al organismo que lo emplea. Se pone en peligro la vida de los empleados y la de los demás usuarios de la carretera al no alentar el cumplimiento de las normas del Código de la Carretera.

Por eso se decidió crear una sanción acompañada de la obligación de revelar la identidad del conductor. Esta sanción deberá permitir que el conductor sea el destinatario de la señal de alerta que constituye la pérdida de puntos. Cabe destacar que los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad en el trabajo. En 2015, 483 personas perdieron la vida en un desplazamiento vinculado a la actividad profesional y 4520 tuvieron que ser hospitalizadas a raíz de un accidente en el trayecto casa-trabajo o durante una misión.

Desde el 1 de enero de 2017, el artículo L121-6 del Código de la Carretera dispone en consecuencia que, cuando una infracción de tráfico se ha cometido con un vehículo cuyo titular del permiso de circulación es una persona jurídica o cuyo propietario es una persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica deberá designar a la persona física que conducía el vehículo en el momento de la infracción. Dispone de un plazo de 45 días para efectuar dicha designación ante el organismo público competente.

Las infracciones contempladas en la obligación de designación

Las infracciones afectadas son las que se observan según las modalidades previstas en el artículo L.139-9 del Código de la Carretera. Se trata de las infracciones observadas "por o a partir de los aparatos de control automático" homologados y relativas:

  • al cinturón de seguridad;
  • al uso del teléfono con las manos;
  • al uso de vías y calzadas reservadas a determinadas categorías de vehículos;
  • a la circulación en los arcenes;
  • al respeto de las distancias de seguridad;
  • al cruce y rebasamiento de las líneas continuas;
  • a las señalizaciones que imponen la detención de los vehículos;
  • a las velocidades máximas permitidas;
  • al adelantamiento;
  • a la entrada en el espacio comprendido entre ambas líneas de detención en un semáforo, reservado a los ciclos y ciclomotores;
  • al uso del casco para los usuarios de vehículos dos ruedas.

El importe de la multa impuesta

Cuando el representante legal no designa al autor del delito, la persona jurídica será sancionada con multa a tanto alzado de 675 euros. Esta multa podrá incrementarse de hasta 3750 euros por un Tribunal de proximidad que puede decidir también sancionar al representante legal con una multa de hasta 750 euros como máximo.

Estas multas se añaden a la prevista para la infracción cometida inicialmente y de la cual el representante legal es el único responsable con sus propios medios de pago (artículos L121-2 Y121-3 del Código de la Carretera), si no se realiza una designación.

Casos particulares: auto-designación, robo, usurpación…

Si el representante legal de la persona jurídica es la misma persona que cometió la infracción de tráfico, tiene la obligación de designarse. En efecto, si no lo hace, su permiso no podrá ser objeto de una retirada de puntos y la persona moral de la que es el representante legal recibirá una notificación de multa por no designación. Cuando él mismo comete una infracción, el representante legal debe obligatoriamente comunicar su nombre, su fecha de nacimiento y su permiso de conducir, al igual que para todos los demás conductores.

Si el vehículo al volante del cual se cometió la infracción había sido robado en el momento de la infracción, en caso de usurpación de placa de matrícula o de cualquier otro acontecimiento de fuerza mayor, el representante legal al que va dirigida la notificación de multa debe transmitir en un plazo de 45 días al organismo público competente, los elementos que permitan establecer la existencia del robo, la usurpación o la circunstancia de fuerza mayor.

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